Ocultar los motivos: el reajuste electoral del salario mínimo

Para dar apariencia de sustento técnico al incremento del 23% del salario mínimo (SM), el Gobierno Nacional hizo mención a lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta cuenta con convenios internacionales y recomendaciones sobre cómo se debe fijar el aumento del SM. Aunque la OIT promueve una aproximación técnica al tema, sus propuestas consideran que en todos los países pueden existir una mezcla de factores políticos y técnicos, y que estos se deben armonizar; en todo caso, los factores a considerar no pueden ser enteramente políticos.

El hecho de que el salario mínimo se haya fijado en una cifra cerrada y exacta nos dice mucho. Sostener que hubo un cálculo técnico del SM y del auxilio de transporte que dio la cifra cerrada de dos millones es inverosímil. Una cifra redonda y cerrada rara vez es producto de cálculos o porcentajes. Se podría pensar que sencillamente fue una aproximación, sin embargo, esto sería fácil de rebatir porque nunca se ha hecho ni es necesario. Además, el decreto que fijó el salario mínimo es del 29 de noviembre; esa misma noche el presidente Petro tuiteó: “Petro, ¿en cuánto quedó el salario mínimo?” acompañado de una foto en la que responde con una sonrisa y los dedos en forma de victoria mostrando un DOS. A esta suma cerrada no parece haberse llegado mediante un análisis técnico; por el contrario, más probable es que se tuviera la cifra y se ajustaran los porcentajes para que diera dos millones exactos. El carácter electoral y no técnico de la decisión se debe desenmascarar.

La OIT recomienda que el Diálogo Social, es decir la concertación entre sindicatos, empleadores y gobierno, debe ser la base del mecanismo de fijación del salario mínimo. Colombia no es el primer país en donde la fijación del salario mínimo se usa para servir intereses políticos o sectoriales, para evitar esto, precisamente se creó el proceso de concertación. En la negociación del salario mínimo, las centrales sindicales plantearon un reajuste del 16% y los empresarios ofrecieron un incremento menor. Al final, el gobierno desconoció los intereses de los “Interlocutores Sociales” y privilegió su interés electoral. Desde lo procedimental, la expedición del decreto se saltó los convenios de la OIT y la ley colombiana.

Además, hasta donde conozco, la OIT nunca recomendó que el salario mínimo para 2026 debería ser dos millones. Por el contrario, lo que diferentes organizaciones internacionales han recomendado son cambios estructurales al salario mínimo. La OCDE ha reconocido que el salario mínimo en Colombia no cumple su función y recomendó cambiarlo de modo que pase a ser lo que debe ser: un piso salarial y no el salario que se aplica a la mayoría de los trabajadores formales. En 2016, la OCDE señaló que en Colombia la fijación del salario mínimo tiene un componente político muy fuerte, pero contrario a la recomendación, este uso político parece haberse acentuado. La OIT ha reconocido la utilidad de tener salarios mínimos diferenciados. Las razones son evidentes: el costo de vida no es el mismo en ciudades costosas como Cartagena que en pueblos como San Onofre, por ejemplo. Un salario mínimo de dos millones en sitios como San Onofre crea un muro para superar la informalidad laboral. Estos, entre otros, son los cambios estructurales que Colombia necesita en materia de salario mínimo, pero estos cambios que requieren Diálogo Social, trabajo disciplinado y políticas a largo plazo, no el uso electoral del salario mínimo.